José Guerrero, abogado de inmigración, expresó su optimismo sobre la resolución del problema que enfrentan miles de cubanos con el formulario I-220A, al estar en un limbo migratorio en territorio estadounidense.
Entrevistado por el periodista Daniel Benítez, el jurista argumentó que ve muy factible que bajo la nueva administración de Donald Trump la situación de los cubanos con I-220A va a quedar resuelta. Lo anterior, por una serie de factores que se conjugan en tiempo y espacio.
Por ejemplo, Guerrero argumenta que el tratamiento dado a muchos cubanos que ingresaron a los Estados Unidos sin un parole fue un error procesal. A su juicio, estas personas deberían haber recibido un parole y con dicho documento válido aplicar a la Ley de Ajuste Cubano; pero en muchos casos no se les otorgó, lo que dejó a miles de cubanos atrapados en una situación de incertidumbre. Este error procesal ha sido reconocido por algunos abogados y figuras políticas, lo que abre la puerta a una posible corrección de la situación.
Además, la presión política juega un papel crucial en la posibilidad de una resolución favorable. En ese sentido, Guerrero mencionó que figuras políticas influyentes, como la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar y el congresista Mario Díaz-Balart, han estado trabajando activamente para resolver este problema.
El apoyo de políticos de alto perfil, como el futuro secretario de Estado bajo la próxima administración de Trump, el cubanoamericano Marco Rubio, también refuerza la idea de que este tema es una prioridad dentro de la agenda política estadounidense, especialmente en lo que respecta a la comunidad cubana.
Por otra parte, la Ley de Ajuste Cubano sigue siendo una herramienta fundamental para los cubanos que buscan regularizar su estatus migratorio en los EEUU. Guerrero señaló que, históricamente, cualquier cubano que llegara al país norteño sin un parole tenía la opción de aplicar a la residencia bajo esta ley.
Aunque se introdujeron cambios en la política migratoria en los últimos años, la ley sigue siendo un recurso importante para los cubanos que se encuentran en esta situación.
En adición está el contexto de la crisis humanitaria en Cuba que también juega un papel importante en la esperanza de que se resuelva la situación de los cubanos con I-220A para que decenas de miles no tengan que ser deportados. Guerrero destacó que la situación en la Isla sigue siendo muy difícil, con problemas económicos y apagones frecuentes. Este contexto de sufrimiento humano puede influir en las decisiones políticas de los EEUU.
Desde el punto de vista legal, muchos cubanos con I-220A aún tienen el derecho de apelar sus casos de deportación, lo que les otorga un cierto grado de protección temporal. Guerrero explicó que, en muchos casos, si los cubanos apelan dentro de los 30 días de una orden de deportación, su situación no se considera final hasta que se resuelva la apelación.
Esto otorga tiempo adicional y, en algunos casos, puede llevar a una resolución favorable. El abogado expresó su confianza en que, si estos casos se gestionan correctamente, podría haber una salida legal para los afectados.
Finalmente, el abogado destacó el precedente legal que ya existe en algunos casos, como el de Cabrera Fernández, que ha establecido distinciones claras sobre qué tipo de parole es aplicable para la residencia. Este precedente podría ser crucial para garantizar que los cubanos con I-220A puedan regularizar su situación, incluso si el I-220A en sí mismo no lleva directamente a la residencia.
La situación es más compleja para los que tienen una I-220B
El tema de los cubanos con I-220B, aquellos que tienen una orden final de deportación, es más complejo. En estos casos, Guerrero explicó que lo más recomendable es consultar con un abogado para ver si tienen opciones para obtener un parole humanitario. Sin embargo, alertó que aquellos con órdenes de deportación emitidas después de 2017 corren el riesgo de ser deportados, aunque el número de vuelos de deportación sigue siendo limitado.
