Díaz-Canel afirma que la Fiscalía General respeta los derechos de los detenidos del 11J

El designado presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que la Fiscalía General del país respeta los derechos de los ciudadanos detenidos por manifestarse durante el 11J.

A través de su cuenta en Twitter, el dirigente compartió la noticia publicada este 25 de enero por el medio oficialista Cubadebate que informa sobre los procesos penales de los detenidos en el levantamiento social del verano pasado.

La nota señala las cifras de detenidos y enjuiciados a raíz del 11 de julio, y justifica el procesamiento de cada uno con los supuestos delitos de los que se les acusa.

Se hace hincapié en cómo “atentaron” contra la “soberanía” del país, sin mencionar nunca que se trataba de manifestantes pacíficos, ni la represión violenta que sufrieron al ser arrestados.

Más allá de la nota informativa, Díaz-Canel sostuvo que la Fiscalía está actuando con total legalidad y respeto a los derechos de los ciudadanos detenidos.

“Sobre los hechos del 11 de julio, Fiscalía General de la República de Cuba reitera que actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de los ciudadanos”, escribió en su publicación.

La aseveración del dirigente contradice las denuncias realizadas no solo por activistas opositores, sino por los familiares de los detenidos y por los propios presos políticos.

De acuerdo con la organización en defensa de los prisioneros políticos Justicia 11J, a la fecha se han ejecutado más de 400 juicios contra manifestantes del 11 de julio.

Todos estos procesos se han encontrado plagados de irregularidades, con cargos que no fueron comprobados con evidencia concreta por la Fiscalía, que aun así pide décadas de encarcelamiento para los acusados.

Sobre los hechos del 11 de Julio, @FGR_Cuba reitera que actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de los ciudadanos.https://t.co/z4eXxdWvE6

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 25, 2022

Entre las denuncias figura la falta de abogados defensores para los detenidos, pues los juicios sumarios se efectúan de manera “exprés”, sin notificar a la defensa del acusado y, en muchas ocasiones, sin notificar siquiera a los familiares.

El régimen ya había admitido que viola los derechos de sus detenidos según la propia Constitución de Cuba, pues es ilegal arrestar a una persona sin presentarle cargos concretos al momento de su detención.

Ya que en cientos de los arrestos los manifestantes permanecieron hasta semanas encerrados antes de saber de qué se les acusaba, esto vuelve improcedente su detención.

Por otra parte, está la violencia con la que se arremetió contra los manifestantes, no solo al momento de ser abordados por las autoridades, sino una vez dentro de prisión, denuncias de maltrato por las que el Estado cubano no ha respondido.

Además, la Fiscalía pide condenas de hasta 30 años contra los acusados, sin pruebas de que estos hayan ejercido violencia de ningún tipo, y completamente desproporcionadas a las faltas que supuestamente cometieron.

Actualmente, familiares y amigos de los presos políticos siguen denunciando la arbitrariedad de sus arrestos y condenas.

Entre ellos se encuentran líderes opositores como Luis Manuel Otero Alcántara y José Daniel Ferrer, coordinadores del Movimiento San Isidro (MSI) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), respectivamente.