Exigen a la Unión Europea sanciones individuales contra los represores de las protestas del 11J

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió a la Unión Europea la aplicación de sanciones individuales por la represión contra los manifestantes del pasado 11 de julio en Cuba, las cuales fueron solicitadas por el Parlamento Europeo al aprobarse dos resoluciones que condenaron estos hechos.

Yaxis Cires, director de estrategias de la organización ubicada en Madrid, señaló ante Radio Televisión Martí que dichas sanciones se solicitaron en los meses de septiembre y diciembre.

“Estamos pidiendo a la Unión Europea que escuche lo que dice y lo que pide el propio Parlamento Europeo, que en dos resoluciones ha pedido sanciones individuales para aquellos funcionarios cubanos implicados en la represión y en las graves violaciones a los derechos humanos”, indicó Cires.

La resolución aprobada en septiembre recibió 426 votos a favor, 146 en contra y 115 abstenciones; mientras que la votada en diciembre registró 339 votos a favor, 150 en contra y 119 abstenciones.

Esta apabullante mayoría, mediante su voto, solicitó la aplicación de la ‘Ley Magnitsky europea’ hacia los represores del régimen castrista. Dicha normativa permite castigar a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves transgresiones a los derechos humanos o corrupción.

“Lo que no se puede apoyar desde Europa, y desde ninguna parte del mundo, es que haya impunidad ante los graves atropellos que se están cometiendo en Cuba”, sostuvo Cires ante el medio estadounidense.

El pasado 11 de julio, en todo el territorio cubano ocurrió un estallido social que no se había visto en más de 60 años. Miles de residentes en la Isla salieron a las calles a exigir respeto a los derechos humanos y democracia.

El régimen castrista respondió con una brutal represión usando a sus agentes de la Seguridad del Estado, Boinas Negras y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Posteriormente, se desató una persecución contra manifestantes, que a la fecha continúan siendo detenidos y procesados en juicios sumarios.

La mayoría son acusados de haber cometido delitos como “desórdenes públicos”, “desacato”, “atentado”, “daños”, “propagación de epidemia” y “sedición”.

Según el más reciente informe de Prisoners Defenders, 794 de los 930 presos políticos en las cárceles del gobierno comunista fueron detenidos por participar en las protestas masivas.

Al menos unos 32 son menores de edad, entre los 13 y 17 años de edad, que han sido procesados como si fueran peligrosos delincuentes. Con ello, se demuestra la falta de respeto a la Convención de los Derechos del Niño, que cuenta con la firma y ratificación del gobierno cubano.