Gobierno cubano advierte “mano dura” con aquellos que violen los precios topados

La ministra de Finanzas y Precios de Cuba, Meisi Bolaños, anunció el lunes que se tendrá una mano dura con aquellos que evadan, a través de “artificios”, los precios topados impuestos por el Gobierno. 

“Vamos a ser rigurosos con aquellos que intenten, mediante artificios, evadir y violar las nuevas medidas aprobadas para evitar el incremento de los precios”, explicó Bolaños a Cubadebate. “No podemos admitir que medidas como estas (…) se echen a perder por unos cuantos inescrupulosos que provocan que los cubanos pierdan confianza en el control estatal”. 

“Ningún actor económico puede aumentar los precios”, puntualizó

Las Resoluciones 301 y 302 prohíben el aumento de los precios mayoristas y también de los productos y servicios que ofertan los cuentapropistas, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción, y otras modalidades

Durante la entrevista, Bolaños negó que el propósito de las medidas sea “frenar el desarrollo de las formas no estatales”. A la vez, calificó que «malintencionados» a todos aquellos que crean lo contrario. 

Supuestamente, el objetivo de las resoluciones ministeriales es “evitar el incremento de las tarifas que no se correspondan con un aumento de los costos, así como regular aquellas ya excesivas”. En resumen, proteger «la capacidad de compra de la población”. No obstante, admitió que el Gobierno de la Isla tiene claro que existen limitantes “por la no generalización del mercado mayorista».

Por último, Bolaños hizo un llamado a la población para que se sumen al control de precios, denunciando “el lugar y el momento” exacto en que se cometió el abuso. 

“Violar los precios fijados se considerará como una infracción grave, que incluirá desde la cancelación del contrato de arrendamiento hasta medidas disciplinarias severas y el retiro de la licencia”, precisó a Cubadebate.

Control y aplicación

Para sistematizar el control de los precios, el régimen de la Isla ha creado un grupo de trabajo a nivel provincial y municipal, en el que participan: los Ministerios de Finanzas y Precios (MFP) y Comercio Interior, la Oficina Nacional de Estadística e Información, la Fiscalía General de la República, entre otros organismos. 

Mientras tanto, las autoridades locales están obligadas a investigar las denuncias y adoptar las medidas en un plazo no mayor de una semana.

Hasta la fecha, ya se han fijado los precios máximos en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Granma. Las restricciones han sido aplicados a artículos listos para la venta, productos agropecuarios o de servicios de transportación.