El gobierno del estado de Chiapas contrató a 390 migrantes de Cuba, Venezuela, Colombia, Honduras y Haití para realizar labores de fumigación en un intento por frenar la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, el paludismo, el zika y el chikungunya.
De acuerdo con testimonio obtenido por el diario independiente 14ymedio, los trabajadores reciben un salario de 2.300 pesos quincenales (unos 230 dólares al mes), sin acceso a beneficios laborales. Pero la mayoría acepta, pues han quedado varados en ese estado fronterizo a la espera de documentos de regularización de su estatus migratorio.
Las autoridades sanitarias estatales tomaron esta medida tras un alarmante incremento del 34% en los casos de dengue y del 84% en los de paludismo en 2024. A finales de enero, reforzaron la vigilancia epidemiológica en la frontera con Guatemala debido a la propagación de estas enfermedades entre los migrantes.
Los migrantes contratados se integraron al programa de “descacharrización y vectores”, que también incluye la recolección de basura y la limpieza de calles. Una fuente de la Secretaría de Salud municipal explicó que estos trabajadores se han sumado a las brigadas especializadas en control de vectores y zoonosis.
A pesar de contar con empleo temporal, los migrantes carecen de servicios médicos y otros derechos estipulados en la Ley Federal del Trabajo, como pago de utilidades, fondo de ahorro o vales de despensa.
Jaiver Urdaneta, un migrante venezolano contratado en el programa, confesó al citado medio que su salario le permite cubrir lo básico, como el alquiler de una habitación y la comida. “Con el dinero pago un cuarto, compro comida y Migración me ha dejado de amenazar”, relató.
Por su parte, Yaniel, un cubano de 28 años, comentó que espera obtener refugio en México, aunque contempla otras opciones en caso de ser rechazado. “Si no es en México, busco en Guatemala, pero a Cuba no regreso”, afirmó.
Todos tienen en común que le han puesto pausa a su empeño por cruzar la frontera sur de Estados Unidos. La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump ha significado un control estricto en las fronteras.
Prohibió el asilo para migrantes detenidos en la frontera sur y desplegó tropas adicionales para reforzar la seguridad. Como resultado, en febrero las detenciones en la frontera cayeron a 8.300, un descenso drástico respecto a los 141.000 del mismo mes en 2024.
Las detenciones de inmigrantes sin estatus legal se incrementaron significativamente. En las primeras tres semanas de gobierno, ICE arrestó a 14.000 personas, con un pico de 1.200 diarias en la primera semana. Por ejemplo, la policía de Hialeah quiere colaborar con ICE para que los agentes locales hagan tareas de control migratorio. La falta de espacio en los centros de detención obligó a reducir la cifra y a recurrir a empresas privadas como Geo Group y CoreCivic, además del uso de instalaciones militares. En febrero, ICE reportó 44.000 detenidos, superando su capacidad financiada.
La administración Trump busca incrementar las deportaciones mediante acuerdos con países latinoamericanos y el despliegue de fuerzas militares. Estas medidas han generado críticas por violaciones a derechos humanos y dificultades logísticas para alcanzar las cifras prometidas.
