“Propagación de epidemias”, la nueva arma para el abuso policial en Cuba

“Propagación de epidemias”: la nueva arma para el abuso policial en Cuba (CAPTURA DE PANTALLA: CUBANET-YOUTUBE).

El poder que han encontrado las autoridades de Cuba “en nombre” de la prevención de la pandemia de COVID-19 ha derivado en una serie de sanciones que, más allá de injustas o arbitrarias, son técnicamente ilegales.

El pasado 12 de mayo, el delito tipificado como “propagación de epidemias” fue publicado en la Gaceta Oficial de la República, con lo que se dio a conocer al público el uso obligatorio del nasobuco, entre otras medidas.

Juristas han indicado que las sanciones impuestas bajo este delito previo a su publicación no deberían ser válidas, pues no eran de conocimiento público y técnicamente no existían. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia a principios de marzo, dos meses antes de que la norma se diera a conocer, se ha multado, detenido y castigado a cientos de cubanos por esta causa.

Una de ellas fue Yaima Scull, quien a punto de sufrir un desmayo en una cola para comprar comida se bajó el nasobuco de la nariz para respirar, momento en el que fue abordada por un policía para arrestarla.

Según relató la joven a CubaNet, se desmayó y convulsionó por su enfermedad, pero al volver en sí el policía decidió arrestarla de todos modos y ella perdió las horas que había invertido en la cola para entrar al mercado de Monte y Carmen.

Junto a una señora que la defendió, fue trasladada a la estación policial, donde le impusieron una multa de 300 pesos (12 CUC) bajo el Decreto Ley 272 de 2001, que penaliza a quien dificulte el cumplimiento de las “medidas sanitarias”, lo que la joven califica como “uso excesivo de poder”.

Otro caso es el de una cubana embarazada que se bajó el tapabocas para tomar agua y cuando su teléfono sonó en ese instante y se disponía a responder fue multada por la policía.

Este tipo de denuncias por sanciones arbitrarias o exageradas abundan en la Isla en los últimos meses, como el de otro cubano que fue multado por bajarse el nasobuco para tomar agua en una calle en la que ni siquiera había otras personas.

Hasta la periodista oficialista Cristina Escobar lamentó estos excesos. “Cuidado con los pretextos: para cuidarme me quitan derechos sin darme alternativas”, escribió.

Previo a la publicación formal de las normas contra la “propagación de epidemias”, las autoridades y la prensa oficialista hacían un llamado al “sentido común”, la aplicación de la “lógica”, “el contexto”, “la racionalidad” y el cumplimiento de los planes generales para enfrentar el coronavirus.

En comparecencia televisiva, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, Otto Molina, respondió a las críticas con una pregunta que compromete los derechos constitucionales de los cubanos y deja ver la poca validez legal de los cargos realizados antes del 13 de mayo por esta causa.

“¿Qué sería lo más conveniente en una primera etapa de enfrentamiento a la pandemia? ¿Llevar las medidas a cabo, explicar a los especialistas, convencer a la población (…) o involucrarnos en todo un proceso de realizar una norma para poner esa medida?”, cuestionó, admitiendo la falta de una norma.

Solo en Camagüey se ha detenido a más de 300 personas por este tipo de faltas y aunque los cubanos no se oponen a las normas para controlar la epidemia, es necesario vigilar que no se cometan abusos por parte de las autoridades.

Si bien la policía cubana siempre ha sido señalada por excederse e imponer multas arbitrarias, la Resolución 128 parece solo ofrecer una nueva arma para abusar de su autoridad.