Régimen amenaza con quitarle su vivienda a una discapacitada en Santiago de Cuba

Un campesino de Santiago de Cuba y su esposa discapacitada se encuentran en una situación desesperada luego de que el régimen amenazara con desalojarlos de su hogar.

Raúl Rodríguez Ruíz y su esposa Adela González viven desde hace varios años en Songo la Maya desde hace varios años y afirman que nunca han recibido ayuda del castrismo.

“Nosotros hemos sido abandonados por el Gobierno, nunca hemos recibido ninguna ayuda, ni siquiera porque mi esposa Adela es discapacitada. Ahora también nos quieren desalojar, estoy desesperado”, expresó Rodríguez al portal Cubanet.

El hombre de 61 años compró una casa en 1998, momento en que la compra y venta de inmuebles estaba prohibida en Cuba, por lo que su domicilio en Coronel Mejías No.17, Alto Songo en Santiago de Cuba fue adquirido de forma ilegal.

El antiguo propietario constató la venta de la propiedad mediante un comprobante improvisado que la stablecía en un valor de 5 mil pesos, el equivalente actual a unos 200 CUC.

Hubo testigos y se firmaron los papeles y hasta la fecha no habían sido molestados por el gobierno, sin embargo, hace un tiempo que el régimen amenazó con quitarles la vivienda.

“He ido a las oficinas de Vivienda en el municipio y no me han dado respuestas. Yo no me puedo quedar esperando. El Estado tiene que hacerse cargo de mi problema y darme una solución, o de lo contrario, no me callaré, no me voy a callar, para que todo el mundo se entere de lo que tiene que pasar una persona con discapacidad en Cuba”, explicó Raúl.

La esposa de Raúl, Adela, tiene 51 años y padece de una condición hereditaria que la hizo perder la visión en uno de sus ojos, le impide moverse o siquiera caminar sola, por lo que se mueve por la casa a través de un sistema de cuerdas que su esposo colocó.

“Ella se ha caído al suelo muchas veces cuando está sola, pero no puedo darme el lujo de dejar de trabajar. Aunque gano 300 pesos al mes, es lo único con lo que puedo comprar sus medicinas y mal comer”, indicó Rodríguez.

El abogado Julio Ferrer Tamayo explicó sobre el caso de esta familia que sí tienen posibilidades de conservar su vivienda.

“Con el Decreto Ley 288 de 2011, fue legalizada la compraventa de viviendas entre particulares A partir de esa disposición legal, las compras de viviendas hechas con anterioridad dejaron de ser ilícitas, ofreciendo la posibilidad de que los que habían efectuado tales negocios al margen de la ley acudieran a las entidades competentes, dígase Vivienda y Notaria, para legalizar esa compraventa”, explicó.

Sin embargo, las autoridades de vivienda no les han respondido y podría resultar desgastante para ambos intentar realizar los trámites necesarios para conservar su vivienda, sobre todo por la edad de Raúl, su trabajo y las necesidades de su esposa, que le dejan muy poco tiempo libre.