Amenazan con desalojar y encarcelar a madres cubanas que ocuparon un local del Estado

Madres cubanas y sus hijos ocupan local estatal abandonado en La Habana. (Foto: CubaNet)

Autoridades del municipio de Boyeros, en La Habana, amenazan con desalojar a siete mujeres y diez niños que desde el pasado mes de abril habitan un local estatal abandonado hace varios años, ubicado en la carretera de Murga, en la zona del Wajay.

“El lunes 21, a las 8:30 de la mañana, trajeron una citación que (decía que) teníamos que presentarnos ese mismo día a las 2:00 de la tarde. Fuimos al lugar (en la sede del) Partido en Boyeros, y tuvimos que esperar hasta  las 3:00 de la tarde, que fue cuando nos vinieron a atender”, denunció a Cubanet Yenisley Rondón Barban, una de las ocupantes.

“Cuando entramos nos pidieron que en 72 horas teníamos que salir del local, que estábamos metidas en propiedad privada y que teníamos que salir, y que si no salíamos era de tres meses a un año presas, que nos iban a meter presas junto con los niños”, agregó.

La joven refirió al citado medio que durante el encuentro no les dejaron explicar las situaciones de vivienda que impulsan a estas madres y sus hijos menores de edad a ocupar de forma ilegal el inmueble. Así pues, tampoco les han ofrecido una solución a sus problemas.

“Cuando yo le planteo mi situación me dice que resuma lo que tenía que decir y no me dejó explicarle las cosas como son, mi situación, lo que me estaba pasando. El Intendente nos dijo que él no conocía nuestro caso que tenía que haberse entrevistado con cada una (por independiente) pero que no dio tiempo y no dejó explicar lo que estaba pasando”, puntualizó la mujer.

Yenisley contó que han sido acosadas por policías y funcionarios del gobierno en reiteradas ocasiones desde que llegaran al local el pasado 15 de abril, para que abandonen el inmueble, sin importar que ellas y los menores no tienen a dónde ir.

De acuerdo con esta madre, las autoridades incluso hicieron firmar a los trabajadores de la empresa Gelma (Grupo Empresarial Logístico del Ministerio de la Agricultura) un documento para impedir cualquier tipo de contacto o apoyo a los ocupantes ilegales.

“A los trabajadores les advirtieron, por escrito, que el que nos diera agua o corriente (eléctrica) lo iban a botar del centro de trabajo, les hicieron firmar (el documento) a todos los trabajadores”, dijo.

En el caso particular de esta joven y sus hijos, aseguró que acudieron al local estatal abandonado debido al hacinamiento en el que vivían en casa de su mamá, luego de que la relación amorosa que mantenía con el padre de sus pequeños acabara.

“La casa de mi mamá es de madera. Yo dormía en la sala con mis dos hijos en colchonetas en el piso. Así yo no puedo vivir con mis hijos, y como este local lleva 45 años cerrado nosotras optamos por meternos aquí para darle un lugar, un techo a los muchachos”, declaró.

Por su parte, Betsy Verdecia Ramírez, otra de las madres que ha ocupado el inmueble, detalló que también ha sido maltratada y hostigada con el fin de que abandone el lugar.

“El Intendente me dijo que mi caso era el más rápido, (que era) montarme en una guagua y mandarme para mi provincia porque yo estaba aquí ilegal. Nos maltrataron de palabras, no tuvieron ni en cuenta que tenemos niños chiquitos”, aseveró.

Esta joven es madre de tres menores. Especificó que es trabajadora de Salud Pública y, aunque es natural de Guantánamo, lleva alrededor de nueve años residiendo en la capital.

“Mi esposo me botó para la calle, tuve que alquilarme (pero) como ahora están los precios elevados mi salario no da para el alquiler. Esa fue la situación por la que me introduje aquí”, comentó.

Relató que durante estos dos meses que llevan conviviendo en el local han sido agredidas frecuentemente, sobre todo en las noches.

“Vinieron hombres a meterse aquí, nos asustaron, nos tiraron piedras, sentimos mucho miedo”, afirmó.

La crisis de vivienda en Cuba continúa siendo una de las principales deudas del gobierno con la población. Cada vez son más las madres cubanas que optan por ocupar de manera ilegal con sus hijos los locales estatales abandonados ante el grave déficit habitacional.