Madre de 6 menores espera respuesta del gobierno cubano sobre su vivienda destruida por el huracán Irma

Una madre camagüeyana de 6 hijos menores de edad espera por una respuesta del gobierno cubano a la situación de su vivienda, que fue derrumbada por el huracán Irma en 2017. Desde entonces no cuentan con una casa propia y han vivido del favor de los vecinos de la zona, según cuenta uno de los hijos en una comunicación enviada a Periódico Cubano con el objetivo de visibilizar su caso.

Desde el impacto del huracán, la familia estuvo viviendo en un pequeño cuarto perteneciente a la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte y Loynaz, específicamente en la sede José Martí, que el gobierno municipal habilitó para ellos.

Madre de 6 menores espera respuesta del gobierno cubano sobre su vivienda destruida por el huracán Irma. (Foto: Yoendris Agustín Santos Rodríguez, hijo mayor de la familia)

En el departamento de Atención a la Población en la vivienda municipal de Camagüey se les explicaba que su casa estaba siendo construida y que tuvieran paciencia, pero la pandemia del coronavirus vino a destapar toda la situación. La familia fue sacada de ese cuarto ya que las autoridades destinaron las residencias del centro estudiantil como centro de aislamiento para las personas sospechosas de contener el coronavirus.

Según reseñan lo afectados, la compañera Magali de la vivienda municipal les confirmó en su cara que la vivienda prometida hace casi 3 años no estaba en planes de ser construida y que un funcionario de apellido Cruzata de la EPIM de conjunto con la técnica de la vivienda desviaron todos los materiales.

Al parecer no se trata de corrupción sino de un problema legal que la propia burocracia estatal no ha querido resolver. Los afectados explican que el terreno donde se derrumbó, por los vientos huracanados, la casa de madera pertenece a la madre de la familia desde hace 9 años. Pero resulta que no está legalizado ante el catastro municipal.

Según los funcionarios de la vivienda la única vía para comenzar a construir es que la familia pague por toda la documentación de propiedad que asciende a 3.500 pesos cubanos, dinero que no tienen pues el salario de la cabeza de familia (315 pesos) mensuales no le alcanza ni para comer.

Por tal motivo la madre con 6 hijos menores de edad vive del favor de los vecinos de la zona donde una vez estuvo edificada su casa.

La situación le fue comunicada hace semanas al Consejo de Estado en La Habana en una carta entregada con todos los pormenores, pero tampoco han recibido respuesta tal como les sucedió con las autoridades locales de la provincia.