
Una decisión de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade ha desatado críticas entre residentes del sur de Florida. Mientras la institución reclama millones de dólares adicionales para garantizar sus operaciones, sus autoridades han confirmado una compra de aproximadamente 1.000 sombreros de vaquero destinados a los agentes policiales.
La adquisición supone un desembolso estimado de 132.500 dólares, ya que cada sombrero cuesta 132,50 dólares. La información fue confirmada por la propia institución al canal Local 10, que publicó los detalles de la operación y recogió las opiniones de varios contribuyentes inconformes.
La decisión corresponde a Rosie Cordero-Stutz, quien asumió el mando de la institución en enero de 2025. Su llegada marcó el regreso de un sheriff elegido por votación popular a Miami-Dade después de casi seis décadas.
¿Por qué la Oficina del Sheriff de Miami-Dade compró 1.000 sombreros de vaquero?
La nueva prenda fue presentada el domingo 18 de octubre mediante un video publicado en Instagram. En las imágenes aparecen varios agentes pasándose un sombrero de estilo western, hasta que finalmente lo recibe la propia sheriff.
Según Local 10, la institución explicó que los sombreros se entregarán exclusivamente a agentes juramentados, independientemente de su rango. Sin embargo, utilizarlos será completamente voluntario.
La compra forma parte de los esfuerzos para establecer una identidad visual propia después de la transformación del antiguo Departamento de Policía de Miami-Dade en la actual Oficina del Sheriff.
Steadman Stahl, presidente de la Asociación Benevolente de la Policía del Sur de Florida, defendió la iniciativa argumentando que otras oficinas del sheriff utilizan sombreros similares y que pueden proporcionar una mayor protección frente al sol que las gorras convencionales.
El dirigente sindical también afirmó que conservar los antiguos uniformes marrones, en lugar de sustituirlos por otros de diferentes colores, permitió evitar gastos superiores a seis millones de dólares.
No obstante, varios residentes entrevistados por Local 10 expresaron su desacuerdo. Odely Deloro consideró innecesaria la adquisición, mientras James Roberts cuestionó que se destinen tantos recursos a sombreros cuando existen necesidades sociales más urgentes, entre ellas la atención a personas sin hogar.
La sheriff reclama otros 42 millones de dólares para su presupuesto
La controversia adquiere mayor relevancia porque la oficina policial mantiene un enfrentamiento presupuestario con la administración de la alcaldesa Daniella Levine Cava.
El condado aprobó para el ejercicio fiscal 2026-2027 una asignación de aproximadamente 1.234 millones de dólares para la institución, la mayor de su historia. Sin embargo, Cordero-Stutz sostiene que todavía existe un déficit de 42 millones de dólares respecto a las necesidades operativas que ha identificado.
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En un comunicado del 9 de octubre, la Oficina del Sheriff anunció su intención de apelar el presupuesto ante la Comisión de Administración de Florida, integrada por el gobernador y miembros de su gabinete.
Por su parte, el gobierno del condado asegura que los recursos aprobados permiten financiar 200 puestos adicionales y alrededor de 95 millones de dólares para horas extraordinarias y beneficios asociados.
La discusión ocurre en un momento de ajustes para otros servicios públicos. Como informó Periódico Cubano, Miami-Dade aprobó recortes en sus servicios nocturnos de autobuses como parte de las medidas para contener los gastos.
Las dificultades financieras también habían llevado a considerar el cierre de una oficina dedicada a orientar a inmigrantes durante sus procesos de naturalización.
Impuestos y gastos públicos aumentan la controversia en Miami-Dade
El debate sobre los sombreros coincide con una discusión más amplia sobre cómo se financian los servicios públicos en Florida.
Los electores tienen pendiente pronunciarse el 3 de noviembre sobre la Enmienda 3, una propuesta relacionada con los impuestos sobre las viviendas principales. La iniciativa ha provocado advertencias de autoridades locales sobre posibles pérdidas de ingresos para servicios como la policía y los bomberos.
En Miami-Dade, las preocupaciones por las finanzas públicas no son nuevas. La administración condal había evaluado posibles aumentos de tarifas y otros cobros para enfrentar el déficit presupuestario, medidas con repercusiones directas para los residentes.
La compra de sombreros no constituye por sí misma una irregularidad administrativa demostrada. Sin embargo, ha abierto cuestionamientos sobre las prioridades del gasto policial, especialmente cuando la dirección de la institución sostiene que necesita más fondos para contratar personal y mantener sus operaciones.
Hasta ahora, la información divulgada confirma el precio unitario y la cantidad aproximada de sombreros adquiridos, pero no permite determinar si el importe estimado incluye todos los posibles gastos asociados a la operación.
