EEUU aprueba limitar las deportaciones de inmigrantes ilegales

EEUU limita las deportaciones de inmigrantes. (Foto: Homeland Security-Twitter)

Estados Unidos limitará las deportaciones de inmigrantes que lleven años viviendo ilegalmente en territorio norteamericano, según un conjunto de nuevas reglas en materia de política migratoria que fue publicado este 30 de septiembre por la administración de Joe Biden.

De acuerdo con las explicaciones del secretario de Seguridad Nacional, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, los agentes de control fronterizo deben enfocarse en detener y deportar a los indocumentados que se determina que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, así como a los que cruzaron recientemente la frontera sur.

Específicamente son prioridad para la deportación quienes traspasaron la frontera entre EEUU y México sin permiso después del 1ro de noviembre de 2021. Sin embargo, existe una flexibilidad en cuanto a las detenciones de los inmigrantes que han residido de forma ilegal en EEUU durante años, siempre y cuando no hayan cometido delitos graves.

“La mayoría de los ciudadanos indocumentados que podrían ser objeto de expulsión, la mayoría de los más de 11 millones de personas, han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades durante años”, justificó Mayorkas en conferencia de prensa.

En ese sentido, el funcionario afirmó que muchos de los migrantes irregulares son “personas que trabajan en primera línea en la batalla contra la COVID-19, maestros, personas que hacen el trabajo agrícola agotador que pone comida en nuestra mesa, que lideran nuestras congregaciones de fe y contribuyen a nuestras comunidades de manera significativa”.

El nuevo documento entrará en vigor dentro de 60 días y sustituye a un memorándum que estaba en práctica desde febrero pasado, donde se les ordenó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que priorizarán la deportación de los recién llegados ilegalmente.

Una de las principales diferencias entre los dos memorándums es que el más reciente define una “conducta criminal grave” como una amenaza para la seguridad nacional y, por lo tanto, instruye a los agentes para que examinen “la totalidad de los hechos y circunstancias” antes de proceder con la deportación.

Dentro de los aspectos a evaluar como “conducta criminal grave” se encuentra la magnitud del delito, el grado de daño infligido a las víctimas, la sofisticación del delito, las condenas anteriores, el uso de armas de fuego o armas.

En cambio, durante la investigación se pueden presentar atenuantes como la edad del inmigrante, el tiempo que ha vivido en EEUU, el servicio militar y la elegibilidad para recibir ayuda humanitaria.

El texto también refiere que los oficiales del ICE deben evitar detener a mujeres embarazadas o en período de lactancia, víctimas de delitos graves e inmigrantes que asistan a las citas judiciales.

Este análisis caso por caso es muy importante, pues según Mayorkas “tratar a las personas y las cuestiones de amenaza a la seguridad pública de manera categórica en realidad no es efectivo [y] podría conducir a resultados ineficaces e injustos”.

Entre quienes se oponen a la actualización de la política migratoria de Biden destacan algunos republicanos que argumentan que estas estrategias alientan a los migrantes a entrar de manera ilegal a EEUU.