Esta semana, las autoridades cubanas emprendieron varios operativos por medio de los cuales detectaron el robo de sacos de harina del puerto de La Habana. Se trata de otra más de las acciones de la llamada campaña contra las ilegalidades que el castrismo ha desplegado con fuerza en la capital.
El medio oficialista Tribuna de La Habana dio a conocer que en estos hurtos estaban involucrados tanto los estibadores, como los custodios y los choferes, quienes se adjudicaban una cuota de un saco de harina para cada uno.
Según el reporte de prensa, la información trascendió durante una reunión realizada en el Gobierno de La Habana enfocada en el caso del municipio Regla, donde se encuentran el punto de desembarque de importaciones de productos básicos para la economía nacional y una fábrica de aceite (donde también han encontrado ilegalidades) y entre otros.
Los operativos en ese territorio capitalino han traído como resultado, además, el decomiso en casas-almacenes ilegales de toneladas de productos como aceite y cajas de pollo, «incluso de pechugas de pollo, un alimento que no se está comercializando en estos momentos ni en el mercado con precios en MLC».
Otro de los hechos detectados fue la llamada «multa de castigo», que es la que asumen los propietarios de cafeterías que son multados. De acuerdo con las autoridades, esto consiste en cerrar sus negocios tres o cuatro días para luego volver a abrir con precios superiores a los regulados, para que sea la población la que pague la sanción.
Por su parte, Orestes Llanes Mestre, coordinador de programas para el enfrentamiento al delito, consideró importante insistir en que las ventas de garaje no pueden extenderse a los parques, como sucede muchas veces.
Agregó que este tipo de ventas es distinta a la que se realiza en el interior de las viviendas, que además debe mostrar la procedencia legal de importación de esos artículos.
Asimismo, se habló del monto de las multas, pues los dirigentes estiman que son muy bajas, por lo que no fungen como medida efectiva. En ese sentido, coincidieron en proceder al arresto de las personas que incurren en esos actos.
«La imposición de una multa de 5.000 CUP no representa ninguna medida efectiva para estos comerciantes. De ahí que se aplican variables como la detención de las personas involucradas en esos delitos para ser instruidos por otras figuras contenidas en la ley», precisa la nota.
«Se mencionó, como ejemplo, que un vehículo utilizado para el traslado de las mercancías solicitadas en combos, fue detenido por segunda ocasión, esta vez conducido por un familiar diferente al que fuera detenido dos días antes», añade.