Procesan a 8 jóvenes en Cuba por intentar pedir asilo en la Base Naval de Guantánamo

Al menos ocho jóvenes cubanos están siendo procesados en la oriental provincia de Guantánamo por acercarse demasiado a la Base Naval de Estados Unidos en ese territorio, a donde presuntamente buscaban ingresar para pedir asilo político.

Según informó el portal independiente Diario de Cuba, el grupo salió de la provincia de Cienfuegos después de haber escuchado rumores de que una embarcación anclada en el área perteneciente a EE.UU de la Bahía de Guantánamo estaba recogiendo a solicitantes de refugio.

Entre los procesados están Jesús Miguel Aguilar Álvarez y Anniel Martel Jáuregui, hijos de Francisco Aguilar Conde y Edil Aníbal Martel, entrevistados por el portal. «Los muchachos decidieron adentrarse en una zona boscosa cercana a la base militar para eludir la vigilancia policial y allí fueron apresados», dijeron.

De acuerdo con la publicación, el rumor se extendió por todo el país y ocasionó que cientos de jóvenes de diversas provincias se dirigieran a Guantánamo a probar suerte. Ante esto, las fuerzas policiales y militares de la provincia colocaron retenes en las vías que conducen a la Base Militar, así como al municipio de Caimanera.

«Cuando los cogieron, mi hijo fue golpeado. A uno de ellos le pusieron una pistola en la cabeza y se la rastrillaron; además los amenazaban con un perro», explica Martel. Los detenidos serán juzgados en Guantánamo y luego entregados a las autoridades en sus provincias de origen.

Los padres entrevistados aseguran que sus hijos están siendo procesados por supuesto delito de «intento de salida ilegal del país», y que uno de los fiscales les aseguró que la sanción puede contener desde una multa hasta los tres años de cárcel o más.

Para los padres, el proceso judicial al que se enfrentan los jóvenes ha estado lleno de irregularidades, pues han sido amenazados para que no denuncien las golpizas y maltratos tras la captura.

«Nuestros hijos son doblemente víctimas: del rumor y de la desinformación gubernamental. Si el Gobierno hubiese informado a tiempo, nuestros hijos no estarían siendo juzgados», comentó Aguilar a DDC.