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Fiscalía cubana pedirá régimen carcelario para quienes cierren vías públicas como protesta

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Fiscalía cubana pedirá régimen carcelario para quienes cierren vías públicas como protesta

Las sanciones pueden ir desde «la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años”

Familia cubana se planta en una calle de Guanabacoa con un refrigerador roto

El vicefiscal cubano aseguró que las penas más severas se reservan para quienes hagan barricadas en las vías públicas. (Foto: Saúl Sánchez – Facebook)

Marcos Caraballo de la Rosa, vicefiscal general de la República, aseguró recientemente en el programa oficialista Hacemos Cuba, que la institución legal a la que representa se encuentra en plena investigación sobre los implicados en las recientes protestas ocurridas en el país.

El letrado confirmó lo que ya había salido a la luz el pasado 14 de octubre, cuando la Fiscalía aseguraba que, para quienes se habían implicado en las manifestaciones, el tribunal pediría sanciones extremas y con internamiento carcelario.

Aunque en teoría esto no es nada nuevo para los antillanos, esta vez Caraballo se hizo eco de una flagrante amenaza al anunciar que “En el Código Penal se prevén como sanciones principales para los hechos delictivos de mayor gravedad la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años”.

Así mismo, el organismo puntualizó que actuará con todo el peso de la ley ante la más mínima protesta o manifestación contra el gobierno, reforzando así un mensaje claro para los que se aventuren a hacerles frente.

El jurista hizo especial hincapié en las medidas previstas para quienes han protestado, haciendo barricadas en las calles y entorpeciendo el tránsito, para los que estarán reservadas las penas más altas.

Entre los hipotéticos delitos cometidos, el funcionario público aseveró que se encuentran inmersos en la investigación de “incendios de instalaciones, la ejecución de actos vandálicos, el cierre de vías públicas con la finalidad de impedir la circulación de vehículos y personas, las agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden, y la incitación a la violencia”.

En este sentido, estableció que se están empleando como evidencia los videos e imágenes compartidos en redes sociales, los cuales serán peritados para establecer su validez.

Se trata de “demostrar fehacientemente la identidad de una persona”, aseguró el fiscal en este apartado, al cual le dedicó varios minutos de la entrevista.

Sin lugar a dudas, buscó con su intervención infundir más miedo en la población, evitando así que graben y hagan públicas las manifestaciones y protestas, única forma de que el mundo y la opinión pública conozca la verdadera realidad de la Isla.

Además de la evidencia gráfica, Caraballo de la Rosa indicó que se “interroga” a “testigos y participantes” de las protestas, sin hacer mención a los miles de presos políticos que hoy se encuentran en los penales cubanos.

“La seguridad ciudadana es apreciada en Cuba como un megaderecho, porque es el derecho del pueblo a disfrutar del orden y la tranquilidad”, alegó el representante fiscal, quien considera que en el lado opuesto a esta “tranquilidad” están “la anarquía, la indisciplina, la violencia, que podemos apreciar en las imágenes disponibles en las redes sociales”.

Sobre la presencia de niños en los cacerolazos y manifestaciones, planteó que “No es admisible que nuestros menores sean puestos en situaciones o estados de peligro”, dijo el fiscal, por lo que también se investiga a los “padres que involucraron” a sus hijos en los actos que consideró violentos.

Claro, convenientemente nunca se refirió a las niñas que las tropas del régimen golpearon en Nuevitas, Camagüey, o los menores que apresaron y golpearon durante el 11J, ni en los meses posteriores.

Irónicamente, estas duras penas reservadas para aquellos que se manifiestan de manera pacífica, no son contempladas a la hora de juzgar a un abusador sexual, como es el caso del trovador oficialista y amigo del régimen, Fernando Bécquer quien, después de ser encontrado culpable de agresión a más de 30 mujeres, tan solo se le imputó una condena menor de cinco años de trabajo correccional sin internamiento.

Sin dudas, queda expuesta nuevamente la doble moral y la desfachatez de una dictadura que busca silenciar la voz de quienes reclaman servicio eléctrico, agua potable, comida en las mesas y una vida más digna, mientras protege a individuos realmente peligrosos como el músico antillano.

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