MUNDO
Gobierno de Cuba pide a la ONU que no llame “defensores de derechos humanos” a los “mercenarios”
Nuevamente se victimizó ante el organismo, afirmó que hay defensores aprobados por el Estado y que Cuba tiene un buen sistema de justicia
Una delegación representante del gobierno de Cuba reclamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por referirse como “defensores de los derechos humanos” a quienes el Estado considera “delincuentes” o “mercenarios”.
Los hechos ocurrieron este lunes, durante el Diálogo Interactivo con la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en el 46 período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra, Suiza.
Según informó la oficialista Agencia Cubana de Noticias (ACN), en Cuba hay “miles” de defensores de los derechos humanos que sí cuentan con la aprobación del Estado.
No obstante, este grupo no cuenta a los activistas y miembros de grupos opositores, que son quienes denuncian la represión que sufren por parte del gobierno.
Según la delegación diplomática cubana, hay que “revertir” lo que consideró una “peligrosa tendencia que ha intentado imponerse en periodos anteriores, de adjudicar el noble calificativo de defensor de derechos humanos a delincuentes o mercenarios al servicio de potencias extranjeras”.
El gobierno de Cuba ha descalificado por todos sus medios oficiales y en redes sociales a los activistas cubanos, acusándolos de recibir dinero desde EEUU a cambio de sus acciones, lo que ha denunciado a nivel internacional como “injerencia extranjera”.
Pero, mientras las denuncias de activistas y organizaciones son cada vez más frecuentes, las del gobierno ante la ONU tienen cada vez menos fundamentos.
Recientemente, el representante de Cuba ante la ONU incluso denunció el arte por ser un medio de libre expresión, pretendiendo que se haga “arte” solo acorde a los lineamientos del gobierno, lo que en dado caso dejaría de cumplir su objetivo de representación de ideas.
Todo esto a raíz de las protestas de los artistas contestatarios pertenecientes al Movimiento San Isidro (MSI), que desde noviembre pasado no han parado de exponer los abusos de las autoridades cubanas y de sufrir la correspondiente represión para silenciarlos.
En palabras de los funcionarios cubanos, llamar defensores de derechos humanos a actores independientes cubanos “pervierte la categoría de defensores, y es una ofensa a la memoria de los que arriesgan y pierden su vida en todo el mundo por su trabajo en el área de derechos humanos”.
La delegación se quejó de que el sistema de DDHH de la ONU “sea empleado por algunas organizaciones o individuos para intentar legitimar campañas de manipulación políticamente motivadas”.
“Cuba reitera su compromiso de cooperación con la Relatora, como siempre hemos hecho, y su disposición a contribuir a que el mandato supere las deficiencias y errores que han lastrado su funcionamiento y credibilidad en el pasado”, indicó la delegación.
También en el XIV Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Kioto, Japón, del 7 al 12 de marzo, otra delegación de La Habana se quejó de la “injusta y arbitraria inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo de EEUU”.
Según la delegación, el Estado cubano es víctimas de los “actos terroristas” del gobierno de EEUU y de los “individuos y organizaciones” que comandan contra Cuba.
El gobierno defendió también la impartición de justicia en Cuba, señalando que “hay firme voluntad política que permite desarrollar un sistema de justicia penal eficaz, imparcial, participativo y humano que se sustenta sobre las normas del debido proceso legal”.
Esto pese a las múltiples pruebas de lo contrario, con procesos penales sesgados y arbitrarios, falta de regulación para las propias autoridades que no pueden ser acusadas pues ellas mismas administran la justicia, y la falta de penas severas para delitos como el abuso sexual a menores.
Recientemente incluso salió a relucir el caso de un funcionario del monopolio estatal de telecomunicaciones ETECSA, que salió libre tras ser exonerado del delito de abuso sexual a una menor, a pesar de que la víctima presentó pruebas físicas y psicológicas fehacientes.
La delegación concluyó culpando al “injusto” sistema económico internacional por los crímenes en la Isla, que supuestamente son cometidos únicamente por la “pobreza y el subdesarrollo”, no producto de la mala administración de Cuba, sino del sistema global.
