Despliegue policial en los alrededores del Tribunal Provincial de La Habana

Fuerte vigilancia en La Habana por juicios sumarios. (Foto: Periódico Cubano)

El Tribunal Provincial Popular de La Habana se encuentra rodeado por un fuerte operativo policial desde las primeras horas de este viernes debido a la realización de juicios colectivos contra manifestantes del llamado 11J.

El portal independiente 14yMedio informó que el cordón de seguridad se extiende por las calles Industria, San José, Dragones y Monserrate, con el objetivo de evitar algún tipo de protesta.

Un joven declaró al citado diario que cuando caminaba por el Capitolio fue interrumpido por un policía que le pidió su carné de identidad y también revisó su mochila.

Otra residente de la capital cubana comentó que estaba en camino al tribunal para recoger un habeas corpus, pero los elementos desplegados no permiten el paso a tres cuadras a la redonda.

En la zona se observan a varios elementos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y efectivos de las Fuerzas Armadas con perros, así como agentes de la Seguridad del Estado.

El cordón de seguridad provocó que centros de trabajo estatales suspendieran su jornada laboral, y además se impide el paso a los carretilleros que venden sus productos en esa área.

“Desde ayer está esto muy complicado, con tremendo operativo porque iban a traer a los muchachos de las protestas”, comenta una vecina residente en la calle Teniente Rey, quien dijo al diario que los policías movieron a un hombre que pedía caridad en una esquina.

La mujer comentó que la zona prácticamente se convierte en un campamento militar con uniformados por todas partes cada vez que traen a grupos de jóvenes para ser juzgados en el tribunal.

Tras la brutal represión contra manifestantes pacíficos del estallido social desatado el 11 de julio, el gobierno empezó a realizar juicios sumarios y colectivos, violando la actual constitución al no permitir una defensa efectiva.

Prisoners Defenders (PD) denunció hace unas semanas que estos procesos judiciales están bajo el control de la seguridad del Estado y solo basta el testimonio de un policía para que proceda una sentencia que podría ser de hasta 20 años de cárcel.

En su último informe mensual, PD indicó que el número de presos políticos incrementó de manera considerable en la Isla. Entre 2.000 y 8.000 personas fueron arrestadas por motivo de las protestas multitudinarias en decenas de ciudades de la geografía nacional.

Según el medio oficialista Granma, 62 personas ya fueron juzgadas por su participación en las manifestaciones, de esta cifra, 53 recibieron sanciones por “desorden público” y el resto por “resistencia”, “desacato”, “instigación a delinquir” y “daño”.