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PERIÓDICO CUBANO

La realidad de Cuba vs Díaz-Canel: Por qué el informe de DDHH de EEUU no es “inmoral” ni “mentiroso”

Estados Unidos

La realidad de Cuba vs Díaz-Canel: Por qué el informe de DDHH de EEUU no es “inmoral” ni “mentiroso”

Las autoridades reaccionaron negativamente ante las acusaciones de EEUU, pero hay pruebas de cada una

Casos que prueban que EEUU no mintió en su informe de DDHH. (Lara CrofsFacebook/ Hansel Hernandez Facebook/ Felicidad Twitter).

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer esta semana su informe anual sobre derechos humanos en el mundo, en el cual figuró Cuba con múltiples violaciones a los mismos.

En la sección dedicada a la Isla, Washington aseguró que “los funcionarios del Gobierno, por orden de sus superiores, cometieron la mayor parte de los abusos de derechos humanos”.

Tras publicarse el documento, la reacción del gobierno cubano fue prácticamente inmediata y al día siguiente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y la cancillería ya se habían pronunciado al respecto, señalando todo como “calumnias”.

Díaz-Canel se refirió a la denuncia como una acusación “indigna, inmoral y mentirosa”, sin embargo, las pruebas de que el documento resulta de hecho bastante legítimo abundan en casos vividos por opositores y otros ciudadanos de la Isla cada día.

La libertad de prensa “prácticamente no existe”

Uno de los primeros puntos que destacó el informe es que la libertad de expresión –y por consiguiente –de prensa, “prácticamente no existen” en la Isla, lo que se había mantenido de manera informal desde hace décadas pero que se volvió normativo hace unas semanas.

El 6 de febrero, el gobierno dio a conocer una lista con las 124 actividades económicas que quedaban prohibidas en el sector privado, lista que incluyó al periodismo, lo que básicamente volvió ilegal el periodismo independiente en Cuba.

Esto, aunado a la persecución denunciada por años por periodistas como Camila Acosta, Iliana Hernández, Luz Escobar y Héctor Valdés Cocho, entre otros, quienes han sufrido agresiones, desalojos forzados y detenciones arbitrarias, muestran que en efecto, no existe libertad de reportar la situación de Cuba sin represalias.

Desaparición forzada

Las detenciones arbitrarias son tan comunes en Cuba para activistas, periodistas y opositores, que –para ser honesta –había obviado que existe un término para esta dinámica de llevárselos y dejarlos incomunicados por horas, e incluso días: desaparición forzada.

La acción de llevarse a alguien contra su voluntad, sería en sí un secuestro, pero viniendo de las autoridades y sin una orden oficial con cargos legales sustentados por pruebas o denuncias, el acto tiene además el peso de ser un crimen de Estado.

Aunque la gran mayoría de los disidentes cubanos han sido víctimas de esta práctica en algún momento, los casos más recientes son los de las activistas Katherine Bisquet y Carolina Barrero.

Ambas fueron sitiadas en sus hogares por la Seguridad del Estado, y al salir, a pesar de no haber cometido delito alguno, fueron abordadas y llevadas a la fuerza, permaneciendo horas retenidas sin que se supiera su paradero ni su estado, algo que –no está de más decirlo –es ilegal y una violación a sus derechos humanos.

Patrullas vigilando frente a la casa de Katherine Bisquet. (Camila Lobón Facebook).

Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, detenidos y presos

En este apartado los casos son abundantes pues cada ex prisionero político cubano ha relatado por su parte los tratos crueles a los que han sido sometidos en las cárceles de Cuba, e incluso en los interrogatorios.

Tras la jornada represiva del 27 de enero en el Ministerio de Cultura (Mincult), las artistas y activistas Camila Lobón y Celia González fueron obligadas a semidesnudarse en su interrogatorio, pese a no haber cometido delitos ni portar ningún tipo de arma.

El rapero contestatario Maykel Osorbo, el periodista y abogado Roberto Quiñones y el opositor y líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, han denunciado en su momento la falta de alimentos, medicinas, artículos básicos de higiene e incluso agua potable en las prisiones.

El preso político Silverio Portal denunció además de lo anterior las golpizas que reciben los reos en su condición en las cárceles y a que a él le costaron la visión de un ojo.

Sin embargo, ante la proximidad del sensible fallecimiento del preso político Sabino Serrano, ocurrido apenas este 26 de marzo, me parece que es el mejor y más lamentable ejemplo para respaldar este punto.

Serrano padecía de problemas circulatorios para los que nunca recibió tratamiento en los 22 años que permaneció en prisión.

En sus últimos días sufría de dolores insoportables por la avanzada necrosis en las piernas que le dejó incluso abiertos los dedos de los pies, lo que no motivó a ninguna autoridad para brindarle genuina atención médica, tratamiento y una operación claramente necesaria.

A pesar de ser un hombre de la tercera edad, a sus 70 años, falleció en medio del dolor causado por la gangrena, ante la falta de atención de un gobierno que se dice “potencia médica”, la falta de alimentos y de medicinas necesarias.

Impunidad de las autoridades

Los casos de impunidad de las autoridades también son abundantes, pues en cada caso de abuso de autoridad nunca hay nadie que salga castigado.

La prueba más fehaciente es el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, que pese a haber sido captado en cámara, desde una veintena de ángulos, golpeando a activistas pacíficos que protestaron a las afueras de su institución, no se ha logrado su dimisión.

Activistas del colectivo 27N han presentado dos veces una solicitud para que se destituya al funcionario, y a pesar de que el caso llegó a Alemania, lo cierto es que ninguna presión fue suficiente hasta ahora para lograr su despido.

Que policías, agentes de la Seguridad del Estado y otros funcionarios no reciban ninguna clase de castigo por sus abusos es la prueba más viva de la impunidad, que viven todos los ciudadanos y no solo disidentes, como prueban las multas arbitrarias que recientemente llevaron a un joven al suicidio y que muchas veces están injustificadas sin que la gente pueda negarse a pagarlas.

Utilización del sistema para atentar contra disidentes

Los casos de los jóvenes acusados injustamente por el caso “Clandestinos”, condenados a uno, nueve y 13 años de prisión por cargos relacionados con drogas, de los que no hay pruebas, son ejemplo de la utilización de “chivos expiatorios” y cargos falsos por parte del Estado para probar control e intimidar o condenar activistas.

Casos como el de Denis Solís, del MSI y por quien iniciaron las protestas de noviembre pasado, así como José Daniel Ferrer, o el propio Luis Robles Elizástigui son también prueba.

Tras su detención en octubre de 2019, Ferrer fue acusado de agresión e incluso se presentaron testimonios falsos en su contra, colaborando para un falso documental presentado en medios estatales, que ayudó a justificar su detención por unos meses, hasta su liberación en abril del 2020.

A Robles se le acusa de “atentados contra la Seguridad del Estado”, cuando en realidad solo caminaba por La Habana sosteniendo un cartel que solo pedía un alto a la represión.

En su caso va para el quinto mes de detención, a pesar de que sus abogados afirmaron que no existe una sola prueba en su contra y por tanto ya deberían haberlo soltado.

No se le ha dado fecha de juicio ni se le han imputado otros cargos que justifiquen su encierro, pero tampoco se le permite salir.

Ejecuciones extrajudiciales

Por último, EEUU acusó a Cuba de “ejecuciones extraoficiales” y en este caso ellos mismos dieron el ejemplo, mencionando el asesinato de Hansel Hernández, el joven asesinado en junio del 2020 por un oficial de la PNR en La Habana.

En su caso tampoco hubo nadie que recibiera un castigo por el asesinato, y el Estado trató de encubrirlo mediante informes falsos, testimonios arreglados y acusaciones, también falsas, de robo en su contra.

Finalmente la autopsia reveló que, a pesar de que los policías –nunca identificados –habían dicho que él los atacó con piedras, el joven afrocubano falleció de tres tiros dados por la espalda, es decir, huía corriendo de la policía cuando le dispararon.

Cabe aclarar que los objetos que supuestamente robó nunca fueron encontrados, ni cerca del cuerpo ni lejos de él.

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