Nueva evidencia daría un giro al caso de expolicías de Hialeah acusados de agresión

Rafael Otano y Lorenzo Orfila fueron despedidos del Departamento de Policía de Hialeah por ser presuntos responsables de una agresión. (Collage: Archivos del condado de Miami-Dade)

Rafael Otano y Lorenzo Orfila, exagentes del Departamento de Policía de Hialeah, se encuentran bajo proceso judicial por un incidente que tuvo lugar en diciembre pasado; sin embargo, la situación podría cambiar favorablemente para ambos ante la aparición de nueva evidencia.

La víctima de este caso, un vagabundo identificado como José Ortega Gutiérrez, denunció la agresión la misma noche en que ocurrieron los hechos, cuando los dos sospechosos lo arrestaron a las afueras de la panadería ‘Tres Conejitos’, situada en la dirección 1912 W. 60th St, y presuntamente lo llevaron a una zona baldía donde le dieron una golpiza.

Tras una investigación preliminar, los dos fueron despedidos y enfrentan los cargos de secuestro por parte de un oficial de la ley, mala conducta y agresión, pero estas acusaciones podrían ser desestimadas ante la existencia de nuevas pruebas.

La defensa confía en que discrepancias en los datos del GPS de los autos de la policía puedan llevar a la retirada de los cargos. El rastreador de las patrullas ha sido puesto en tela de juicio por tener un sistema defectuoso, según una lista de correos electrónicos con los que cuentan los abogados defensores.

Los e-mails documentan datos defectuosos del referido sistema, lo que podría indicar que los oficiales estaban en lugares diferentes a los indicados por el rastreador. Además, esos correos demuestran que uno de los autos involucrados en el caso tenía un historial de problemas, incluida una lista de arreglos hace dos años.

El abogado defensor, Michael Pizzi, argumentó que los correos electrónicos del departamento documentan situaciones en las que los datos de geolocalización no coinciden con la ubicación real de los oficiales. Ante ello, argumentó que los exagentes deberían ser absueltos por la falta de confiabilidad en la evidencia presentada con anterioridad.

En el caso también se encuentra involucrado Ali Amin Saleh, un investigador privado. Días después de la supuesta agresión, este hombre se acercó al vagabundo para que firmara una declaración jurada sobre su encuentro con los exoficiales. A cambio, la víctima recibiría una cantidad de 1.200 dólares.

Como el indigente no sabe leer en inglés, ni español, y lógicamente andaba necesitado de dinero, firmó el documento donde se mencionaba que fue arrestado sin violencia por beber alcohol en la vía pública.

La declaración fue legalizada por el notario público Juan Prietocofino, de 51 años, pero sin el permiso de la víctima. Esta persona también quedó detenida y recuperó su libertad con el pago de una fianza.